Gran parte de la comunidad se queja de los vehículos que generan mucho ruido debido a ciertas modificaciones, sobre todo las motocicletas. En Colombia ya está en vigencia la Ley 2450 de 2025, que desde enero de 2026 regula el uso de mofles ruidosos en motocicletas, estableciendo un límite máximo de 86 decibeles y contemplando sanciones de hasta $1.208.000 COP o la inmovilización del vehículo.
El propósito de la medida es claro: proteger la salud pública, reducir la contaminación auditiva y mejorar la convivencia ciudadana. El ruido excesivo no solo genera molestias, sino que está asociado a problemas de sueño, estrés y afectaciones cardiovasculares. Sin embargo, la ciudadanía se pregunta si la norma está teniendo el efecto esperado en las vías, específicamente frente a las motos modificadas.
Mientras algunos motociclistas consideran que la ley golpea la cultura motera y la personalización de sus vehículos con mofles especiales, los ciudadanos de a pie siguen escuchando el estruendo en sus barrios. El debate entre el derecho al transporte y el derecho al descanso continúa, y el centro de la discusión es la aplicación real de la norma sobre estas modificaciones.
La pregunta ahora es: ¿se necesita prestar más atención y destinar más esfuerzos a vigilar las motos con mofles alterados en las calles colombianas? Porque la convivencia ciudadana y el derecho al descanso de millones de personas dependen de que la normativa pase del papel a la realidad.
