La cárcel La Paz, en Itagüí, vive una jornada de alta tensión por cuenta del traslado de los principales cabecillas de las estructuras criminales del Valle de Aburrá que permanecen recluidos en ese establecimiento, y que durante los últimos años han hecho parte de la llamada mesa de paz urbana que lideró hasta hoy el gobierno saliente de Gustavo Petro. Así lo confirmó Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, quien señaló que fue informado del traslado de 103 cabecillas.
A través de su cuenta oficial de X, el mandatario precisó que estos habrían sido jefes de grupos delincuenciales de Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño. La información conocida apunta a que el operativo comenzó desde la noche del jueves 6 de agosto y que los internos serían movilizados hacia diferentes establecimientos penitenciarios del país. En un primer momento circularon versiones de que se esperaba la posesión de Abelardo de la Espriella para impartir la orden definitiva, pero información posterior indicó que el procedimiento ya habría empezado.
Entre los nombres más reconocidos aparecen alias Carlos Pesebre, Tom, Vallejo, Douglas, El Tigre, El Indio, El Compa, Grande Pa, Lindolfo y Juan 23, hombres señalados de tener posiciones de mando dentro de diferentes organizaciones criminales del Valle de Aburrá. Uno de los casos que genera especial atención es el de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, identificado como uno de los principales cabecillas de La Terraza y antiguo integrante de la Oficina de Envigado, quien estaría dentro del grupo pese a haber obtenido una decisión judicial que buscaba impedir su traslado por tratamiento médico.
La decisión de trasladar a los cabecillas llega después de varios meses en los que la cárcel La Paz ha estado en el centro de controversias. Uno de los episodios que más ruido generó ocurrió en abril, cuando se conocieron imágenes de un concierto del cantante vallenato Nelson Velásquez dentro del penal, con presencia de varios cabecillas de la mesa de paz urbana. El Inpec aseguró que el evento no había sido autorizado y abrió investigaciones, mientras la Procuraduría inició indagación por presuntas irregularidades, lo que llevó a la suspensión temporal de los diálogos.
