La propuesta de subir el IVA a los alimentos para mascotas del 5% al 19% ha generado un profundo rechazo entre familias, fundaciones y refugios de animales, quienes advierten un aumento del abandono y una reducción en los rescates.
Una medida que castiga a las familias que asumen la responsabilidad de un animal de compañía y que golpea con especial dureza a las fundaciones, refugios y comedores que sostienen, con escasos recursos, a miles de perros y gatos abandonados. Esa es la propuesta dentro del articulado presentado por el Gobierno Nacional en la Reforma Tributaria de Abelardo de la Espriella.
El proyecto, denominado de rescate fiscal, busca eliminar la tarifa diferencial del 5% que hoy grava los alimentos preparados para animales y trasladarlos a la tarifa general del 19%, con vigencia prevista para el 1 de enero de 2028.
Para un hogar, la consecuencia no es abstracta. Un bulto de concentrado que hoy cuesta 135 mil pesos, pasaría a costar cerca de 153 mil, un aumento de aproximadamente 18 mil pesos por compra. Una cifra que muchos hogares y fundaciones no podrán asumir.
El golpe a las fundaciones y refugios
Las fundaciones y centros de bienestar animal necesitan constantemente comida, vacunas, cirugías, antiparasitarios e infraestructura. Un alza de 14 puntos porcentuales en el IVA de los alimentos se traducirá en menos bultos de concentrado, menos rescates y más animales esperando una ayuda que tal vez nunca llegue. Las organizaciones dependen de donaciones, rifas y aportes voluntarios. Cuando el precio sube, no pueden trasladar el costo a un “cliente”: deben recortar porciones, reducir atenciones veterinarias o aplazar esterilizaciones.
Una política que confunde “lujo” con cuidado
Tratar el alimento de una mascota como un bien prescindible revela una visión estrecha del bienestar animal. Para millones de colombianos, perros y gatos no son un capricho: son compañía, apoyo emocional y parte esencial de la familia. La advertencia es clara: elevar el costo de mantener a un animal puede empujar a familias vulnerables a entregar, abandonar o no rescatar animales que necesitan ayuda. Un impuesto que hace más difícil alimentar a un perro rescatado no es un rescate económico justo, sino una carga sobre quienes ya hacen el trabajo que el Estado debería garantizar.
