Él era el conductor del transporte escolar. El hombre en quien los padres confiaban para llevar y traer a sus hijos. Pero Carlos Humberto Grisales Higuita usó esa confianza para hacer lo impensable. En 2012, con engaños, secuestró a una niña de siete años. Se la llevó a una vivienda en el barrio Prado, en Medellín. Y desde ese día, la familia de la menor no volvió a verla. Durante 12 años. Doce años en los que la buscaron sin descanso. Doce años en los que él la mantuvo oculta.
El cautiverio y la escapada. Le cambió el nombre. La desescolarizó. La movió entre casas en Bello y Medellín. La incomunicó de todos. Y abusó de ella. Así vivió la niña hasta febrero de 2024, cuando logró escapar después de un enfrentamiento con su captor. Llegó a las autoridades. Y su testimonio permitió iniciar una investigación que terminó con Grisales capturado en noviembre de ese año en Bello. Tres días después, un juez le imputó los cargos: secuestro simple, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años, todos agravados. Durante el proceso se le sumó desaparición forzada. Él no los aceptó. Y fue enviado a prisión.
La condena y la justicia. Este miércoles 7 de octubre de 2026, un juez de Medellín lo condenó a 28 años y 2 meses de prisión. El alcalde Federico Gutiérrez celebró la condena: “Sin beneficios. Sin subrogados penales. Deberá cumplir su condena en un establecimiento carcelario. La justicia hizo su trabajo”. Pero la víctima perdió 12 años de su vida. Y su familia, 12 años de búsqueda. En diciembre de 2024, otra mujer de 21 años denunció que también había sido retenida y abusada por el hombre cuando era niña. La Alcaldía de Medellín le brindó acompañamiento. Porque este caso no es solo un crimen. Es una alerta sobre la confianza que depositamos en quienes cuidan a nuestros hijos.
