La Inspección de Policía abrió un proceso sancionatorio contra los responsables y trasladó el expediente a la Fiscalía bajo la Ley Ángel. El inspector determinó que encender bengalas sobre el animal no es una práctica tradicional amparada por la ley.
Un contundente precedente jurídico contra la crueldad animal en los espectáculos taurinos populares del Caribe colombiano se produjo en el departamento del Atlántico. La Inspección de Policía del municipio de Sabanalarga abrió formalmente un proceso policivo sancionatorio contra las personas responsables de haber colocado artefactos pirotécnicos e incendiado el cuerpo de un toro en el marco de las recientes corralejas municipales, trasladando simultáneamente el expediente ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la presunta comisión de delitos penales tipificados en la Ley Ángel.
La decisión administrativa se conoció tras la denuncia formal interpuesta por la abogada Gipsy Hernández, integrante del colectivo de litigio estratégico animalista Alegato Juristas, y fue respaldada públicamente por la congresista animalista Andrea Padilla Villarraga. La legisladora destacó la determinación de la autoridad local como un hito en la defensa de los derechos de los seres sintientes.
Uno de los puntos jurídicos más trascendentales de la resolución policiva radica en la desestimación tajante del argumento de la “costumbre popular” como escudo de impunidad. En su pronunciamiento oficial, el inspector de policía fijó una doctrina clara: “La colocación de bengalas e ignición de fuego sobre el cuerpo del animal no constituye una práctica tradicional amparada legalmente, sino un aditamento que vulnera el principio de bienestar animal”. El despacho determinó que estas acciones generan sufrimiento desmedido, quemaduras graves, pánico extremo y asfixia por humo.
Con la apertura del procedimiento, la inspección municipal citará a los organizadores y a los particulares involucrados para determinar las multas e inhabilidades contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Además, la Fiscalía, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, recopila videos, testimonios y registros para identificar con nombres y cédulas a los responsables. Bajo la Ley Ángel, quienes causen lesiones permanentes o sufrimientos atroces a un animal afrontan penas de prisión y multas tasadas en salarios mínimos.
