Documentos del Inpec revelaron el ingreso de un cirujano, tres auxiliares de enfermería y productos como ácido hialurónico y toxina botulínica a la cárcel de La Dorada, en Caldas, donde está recluido Óscar Camargo Ríos. Las autorizaciones corresponden a mayo y junio de 2026.
Óscar Camargo Ríos, conocido como alias Pichi y apodado el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’, quedó en el centro de una controversia luego de que Noticias RCN revelara documentos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario relacionados con el ingreso de personal médico e insumos a la cárcel de La Dorada. Los registros incluyen una autorización para una valoración dermatológica y otra para la atención integral del interno, además de una relación de productos que se utilizan en tratamientos médicos y estéticos.
Entre los elementos mencionados aparecen 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica y otros insumos especializados. La información también hace referencia al ingreso de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería. Estos registros, sumados a fotografías que muestran diferencias en la apariencia física del condenado, generaron preguntas sobre los procedimientos que habría recibido mientras permanecía privado de la libertad.
Sin embargo, los documentos divulgados no permiten confirmar por sí solos que a Camargo Ríos se le haya practicado una cirugía estética. Tampoco detallan cuáles productos se utilizaron, qué procedimientos se realizaron ni la justificación médica específica de cada elemento autorizado. Uno de los documentos está fechado el 25 de mayo de 2026 y lleva la firma del mayor Edgar Iván Pérez, director del establecimiento penitenciario. Un segundo informe menciona el ingreso de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería para brindarle atención integral.
Las fotografías comparativas muestran a un Camargo Ríos con cabello más largo, barba más abundante y un rostro con mayor volumen respecto a registros anteriores. Esas diferencias despertaron preguntas sobre la posibilidad de que se hubiera sometido a tratamientos para modificar su apariencia durante su permanencia en prisión. No obstante, las imágenes no permiten establecer por sí solas la causa de los cambios ni confirmar que se haya realizado una intervención quirúrgica. El caso plantea preguntas sobre la justificación clínica de los insumos, la atención que recibió el interno y los mecanismos de supervisión aplicados por el Inpec.
